EL FONDO LATINOAMERICANO DE RESERVAS (FLAR)
Es un ente multilateral de alcance regional, que administra un ahorro en divisas, dotado con aportes de capital de los bancos centrales de sus países miembros.
Actualmente están asociados al FLAR: Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.
Inició sus operaciones en 1978, con el nombre de Fondo Andino de Reservas (FAR). En 1991 fue reformado y rebautizado como Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR), para dar cabida a un mayor número de naciones afiliadas.
De acuerdo a su propio Convenio Constitutivo (Artículo 3), los principales objetivos de la institución son:
• Acudir en apoyo de las balanzas de pagos de los países miembros otorgando créditos o garantizando préstamos de terceros.
• Contribuir a la armonización de las políticas cambiarias, monetarias y financieras de los países miembros.
• Mejorar las condiciones de las inversiones de reservas internacionales efectuadas por los países miembros.
Como se desprende de los tres objetivos del FLAR anteriormente enunciados, este se constituye en un prestamista de última instancia (de emergencia) y en un administrador de las reservas depositadas por los bancos centrales de las naciones suscritas. Sus operaciones activas (préstamos) son de varios tipos de acuerdo a su finalidad, y pueden ser: para enfrentar dificultades en la balanza de pagos, para reestructurar deuda pública externa de los bancos centrales, para enfrentar falta de liquidez, para enfrentar contingencias y para solventar problemas de tesorería. Dichos préstamos son todos a corto plazo y sus montos están limitados en función del capital suscrito por los socios.
Un aspecto importante de los créditos concedidos por el FLAR es su poca condicionalidad, en comparación a otros entes multilaterales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) o el Banco Mundial (BM), cuyas exigencias son catalogadas muchas veces como de injerencia en la planificación y ejecución de la política económica del gobierno solicitante. Asimismo, las reducidas exigencias hacen de la aprobación de los préstamos del FLAR un proceso expedito, detalle importante cuando el banco central solicitante se encuentra en momentos de apremio.
El FLAR es una institución con una trayectoria de 38 años. Y es reconocida en el contexto de las finanzas internacionales como una experiencia exitosa de integración económica en Latinoamérica. Las agencias calificadoras de riesgo la evalúan de manera excelente. En agosto de 2015, Moody´s Investors Service le otorgaba un destacable nivel de Aa2 al Fondo Latinoamericano de Reservas, nada mal teniendo en cuenta que la media ponderada de los indicadores de riesgo de la mayoría de sus países miembros no es muy positiva, sin embargo, los mismos nunca han incumplido el pago de los préstamos que les ha otorgado el FLAR.
El buen desempeño evidenciado por el FLAR lo hace un fondo de reservas tomado de ejemplo en múltiples estudios sobre finanzas internacionales. La mayoría de estos estudios concluyen invariablemente con la recomendación de fortalecerlo a través de la anexión de más países de la región, para de esa manera constituirse en un ente mucho más eficaz a la hora de despejar escenarios de crisis que afecten la estabilidad económica de las naciones asociadas y evitar de esa manera un eventual contagio a la región.
Con un modelo de gestión ya probado como exitoso, el cual debe mantenerse en lo futuro, la incorporación al FLAR de grandes economías como México, Brasil, Chile y Argentina, significaría ubicar al organismo como uno de los de más influencia en el continente americano.
EL CRÉDITO DE LA DISCORDIA
Venezuela pertenece al Fondo Latinoamericano de Reservas desde su fundación y es uno de los afiliados, junto a Perú y Colombia, con mayor cantidad de capital pagado, con 473,9 millones de dólares, cada uno. Sin embargo, nuestro país es uno de los que menos uso de los créditos del FLAR ha hecho hasta la fecha.
La caída de los precios del petróleo, el descenso de las reservas internacionales a mínimos históricos (12 mil millones de dólares en promedio para julio de 2016), cuantiosos vencimientos de deuda para los próximos meses y la necesidad de divisas para cancelar importaciones de alimentos y medicinas para aliviar el desabastecimientos en estos rubros, ha obligado al gobierno venezolano a recurrir a los organismos financieros a los que está adscrito para obtener préstamos que lo ayuden a paliar la peor crisis económica en la historia del país. El gobierno nacional incluso ha negociado las reservas de oro y consumido una parte de los Derechos Especiales de Giro (DEG) depositados en el FMI (ahorros en una canasta de divisas contabilizados como reservas internacionales).
El pasado 22 de julio de 2016, el FLAR aprobó al Banco Central de Venezuela (BCV) un crédito por 482,5 millones de dólares, monto que se corresponde con el aporte de nuestro país a la institución. Sin embargo, la Asamblea Nacional (AN) advierte que la solicitud del empréstito no fue discutida ni aprobada por el parlamento venezolano.
Previa la concesión de este crédito fue necesario el pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) sobre un recurso de interpretación introducido por el propio BCV para determinar el grado de autonomía del ente emisor para contratar este tipo de deudas, a lo cual el TSJ respondió a favor del BCV y posibilitó la aprobación por parte del Directorio del FLAR del mencionado préstamo. Sin embargo, debemos hacer mención a la decisión tomada por la AN el 14 de julio del 2016 de dejar sin efecto la designación de los 34 magistrados del TSJ efectuada por la anterior AN el 23 de diciembre de 2015… A lo que provoca decir: ¿Y entonces?
Debemos reconocer, con vergüenza, la evidencia ante el mundo de la ausencia de un entramado institucional que garantice la existencia de un Estado de Derecho en nuestro país. La actual situación de enfrentamiento entre las diferentes instancias del Estado, crea un clima político nada favorable a la evaluación del riesgo crediticio de nuestro país, lo cual fue sin duda tomado en cuenta por el FLAR al aprobar el monto del crédito, puesto que la cantidad fue prácticamente lo que nuestro país ha aportado al Fondo, y en el peor de los casos, un impago por nuestra parte, no implicaría una pérdida para la institución. Por el contrario, la reputación de no pagador representaría un costo muy elevado para cualquier gobierno en el mundo. Por otra parte, es justo reconocer que de algo de lo que se han cuidado los gobiernos Chávez-Maduro es de honrar todos sus compromisos con los acreedores externos, conducta reconocida por todo el sistema financiero internacional, incluido el FLAR. Las declaraciones de algunos diputados contrarios al gobierno nacional en relación a que futuros gobiernos desconocerán la deuda contraída no pasa de ser mera retórica. El crédito lo pagaremos, puesto que el organismo actuó apegado a sus normas y principios y no es su problema el desbarajuste institucional en que estamos inmersos los venezolanos. El FLAR ponderó los riesgos y actuó en consecuencia, por lo que seguramente será nuevamente reconocido por sus afiliados y los demás países y entidades financieras del mundo.
Ahora bien, no todas las instituciones financieras multilaterales serán tan receptivas a los pedimentos de recursos por parte del gobierno venezolano y el FLAR no otorgará nuevos créditos al mismo hasta que no haya cancelado el que le fue aprobado, cuyo plazo es de tres años, aunque tiene la opción de pagarlo por completo antes de ese tiempo en procura de un nuevo crédito.
Aun siendo un pequeño respiro para las finanzas del régimen, la necesidad de dinero fresco sigue siendo urgente… Y ahora: ¿Quién podrá ayudarnos?
La preocupación del Poder Legislativo, y de la mayoría de los venezolanos, es normal, tomando en cuenta la opacidad de gestión que caracteriza a una instancia tan importante para el país como es el BCV, cuya renuencia a rendir cuentas e inclusive de publicar datos estadísticos lo hace poco confiable, a la vez que dificulta la función contralora que por ley le corresponde a la AN. Por otra parte, la defensa de la autonomía del BCV por parte del TSJ frente al parlamento contrasta con la sumisión del organismo emisor frente al Poder Ejecutivo, cuando la praxis recomendada es la contraria: un banco central independiente del gobierno para poder tomar decisiones apegadas a la buena marcha de la economía sin atender a los requerimientos del régimen de financiación del gasto público mediante la manipulación de las variables monetarias.
